Si alguna conclusión puede extraerse de la última experiencia electoral es que la gente siente cada vez más aquello de “no nos representan”. A la vista está, atendiendo al descalabro del bipartidismo, materializado en la proliferación de formaciones políticas alternativas. Esto obliga a aquellos que honestamente quieran representar a la ciudadanía, a redoblar esfuerzos en diferenciarse de aquellas que, al fin y al cabo no van más allá de atacar a la superficie de los problemas. La manera, evidentemente, no es prometer más y mejor, sino predicando con el ejemplo.
Se pone de manifiesto, la debilidad de esa posible “partitocracia alternativa” como contrapoder exclusivo a un sistema dominado por las dos grandes formaciones. En primer lugar, por la atomización a nivel nacional de las alternativas electorales, cada vez más acusada. Pero, en segundo lugar, porque sigue habiendo mucha gente que no ve a estas formaciones como “contrapoder”, sino como “parte del mismo juego”, como “esos que no han robado… todavía”. Claro que tiene que combatirse el bipartidismo desde otros partidos y hacer lo posible para aunar esfuerzos entre las diferentes formaciones que van surgiendo, pero no basta. Para que la gente vuelva a confiar en los políticos, es necesario potenciar el elemento más básico de participación y permitir que la gente se pueda expresar cuando considere que la acción del equipo de gobierno es manifiestamente mejorable y este equipo sustituíble por una corporación susceptible de surgir de unos nuevos comicios. Una moción de censura ciudadana.
Debe ser la sociedad civil la que decida cuándo deben celebrarse de nuevo elecciones. ¿Por qué? Porque ya está bien de que los políticos puedan campar a sus anchas durante los primeros años de legislatura incumpliendo el programa electoral de manera sistemática. Así, siendo inviable implantar un sistema representativo con mandato imperativo, lo que pretende una propuesta de esta naturaleza es dotar a la sociedad civil de una medida de control al gobierno. La mera existencia de la iniciativa revocatoria ciudadana supondrá una amenaza para el ejecutivo, en el sentido de que, esa sombra impedirá en gran medida que se gobierne a espaldas de los ciudadanos.
Debemos recuperar lo que es nuestro: el control de la política. Para ello se propone dar la posibilidad a una sociedad civil que sea capaz de organizarse y reunir una cantidad importante de firmas decidir cuándo convocar nuevas elecciones. Sin embargo, para que una iniciativa de estas características sirva para lo que realmente fue propuesta es preciso afinar algunas cuestiones:
En primer lugar, es conveniente que el número de firmas sea lo suficientemente alto como para que no proliferen intentonas demasiado modestas que no representen un deseo generalizado de cambio anticipado. Se propone que sea un tercio del censo electoral. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cantidad, pongamos un ejemplo. Supongamos que en unas elecciones el porcentaje de votos a candidaturas es un 66% sobre el censo electoral -algo bastante habitual. Un tercio del censo sería equivalente a la mitad de esos votos a candidaturas, es decir, los votos necesarios para que una formación logre una mayoría absoluta.
En segundo lugar, quizá sea conveniente establecer un plazo en el cual recibir las firmas. Se propone que tal plazo comience año y medio después de la toma de posesión, y que finalice dos o tres meses después. Entonces, tras proceder a un recuento y verificación de las firmas, y en caso de alcanzarse la cantidad requerida, se iniciaría el nuevo proceso electoral de manera inmediata. En caso de no lograrse el objetivo: la legislatura seguiría su curso normal.
Tras la experiencia, a fin de mejorar esta herramienta de control, podrían estudiarse modificaciones ya sea en la cantidad de firmas, en los plazos o en cualquier detalle del procedimiento: las variables son múltiples. La idea sería probarlo en unos pocos municipios, y que, con el ejemplo dado, otros municipios la hagan suya… y después de los municipios, la ambición es que los gobiernos regionales y centrales asuman la responsabilidad de someterse a esta “prueba”.
