Iniciativa revocatoria ciudadana municipal

Si alguna conclusión puede extraerse de la última experiencia electoral es que la gente siente cada vez más aquello de “no nos representan”. A la vista está, atendiendo al descalabro del bipartidismo, materializado en la proliferación de formaciones políticas alternativas. Esto obliga a aquellos que honestamente quieran representar a la ciudadanía, a redoblar esfuerzos en diferenciarse de aquellas que, al fin y al cabo no van más allá de atacar a la superficie de los problemas. La manera, evidentemente, no es prometer más y mejor, sino predicando con el ejemplo.

Se pone de manifiesto, la debilidad de esa posible “partitocracia alternativa” como contrapoder exclusivo a un sistema dominado por las dos grandes formaciones. En primer lugar, por la atomización a nivel nacional de las alternativas electorales, cada vez más acusada. Pero, en segundo lugar, porque sigue habiendo mucha gente que no ve a estas formaciones como “contrapoder”, sino como “parte del mismo juego”, como “esos que no han robado… todavía”. Claro que tiene que combatirse el bipartidismo desde otros partidos y hacer lo posible para aunar esfuerzos entre las diferentes formaciones que van surgiendo, pero no basta. Para que la gente vuelva a confiar en los políticos, es necesario potenciar el elemento más básico de participación y permitir que la gente se pueda expresar cuando considere que la acción del equipo de gobierno es manifiestamente mejorable y este equipo sustituíble por una corporación susceptible de surgir de unos nuevos comicios. Una moción de censura ciudadana.

Debe ser la sociedad civil la que decida cuándo deben celebrarse de nuevo elecciones. ¿Por qué? Porque ya está bien de que los políticos puedan campar a sus anchas durante los primeros años de legislatura incumpliendo el programa electoral de manera sistemática. Así, siendo inviable implantar un sistema representativo con mandato imperativo, lo que pretende una propuesta de esta naturaleza es dotar a la sociedad civil de una medida de control al gobierno. La mera existencia de la iniciativa revocatoria ciudadana supondrá una amenaza para el ejecutivo, en el sentido de que, esa sombra impedirá en gran medida que se gobierne a espaldas de los ciudadanos.

Debemos recuperar  lo que es nuestro: el control de la política. Para ello se propone dar la posibilidad a una sociedad civil que sea capaz de organizarse y reunir una cantidad importante de firmas decidir cuándo convocar nuevas elecciones. Sin embargo, para que una iniciativa de estas características sirva para lo que realmente fue propuesta es preciso afinar algunas cuestiones:

En primer lugar, es conveniente que el número de firmas sea lo suficientemente alto como para que no proliferen intentonas demasiado modestas que no representen un deseo generalizado de cambio anticipado. Se propone que sea un tercio del censo electoral. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cantidad, pongamos un ejemplo. Supongamos que en unas elecciones el porcentaje de votos a candidaturas es un 66% sobre el censo electoral -algo bastante habitual. Un tercio del censo sería equivalente a la mitad de esos votos a candidaturas, es decir, los votos necesarios para que una formación logre una mayoría absoluta.

En segundo lugar, quizá sea conveniente establecer un plazo en el cual recibir las firmas. Se propone que tal plazo comience año y medio después de la toma de posesión, y que finalice dos o tres meses después. Entonces, tras proceder a un recuento y verificación de las firmas, y en caso de alcanzarse la cantidad requerida, se iniciaría el nuevo proceso electoral de manera inmediata. En caso de no lograrse el objetivo: la legislatura seguiría su curso normal.

Tras la experiencia, a fin de mejorar esta herramienta de control, podrían estudiarse modificaciones ya sea en la cantidad de firmas, en los plazos o en cualquier detalle del procedimiento: las variables son múltiples. La idea sería probarlo en unos pocos municipios, y que, con el ejemplo dado, otros municipios la hagan suya… y después de los municipios, la ambición es que los gobiernos regionales y centrales asuman la responsabilidad de someterse a esta “prueba”.

Por si el tiempo de la democracia líquida aún no hubiera llegado

Para un demócrata convencido, el ideal que propone el Partido de Internet es colosal. Para los que pensamos que los seres humanos tienen derecho a participar en política eligiendo libremente su grado de compromiso, la democracia líquida es un programa político de máximos. Cuando quieres participas, cuando no quieres participar directamente puedes delegar tu voto en otra persona. Sería perfecto, si no fuera porque aún hay mucha gente que siente que participar no vale para mucho. Hay mucha gente que siente, y no les falta motivos para sentirlo, que hay una brecha entre políticos y ciudadanos, que hay representantes y representados... gente que toma decisiones y gente que traga.

La democracia líquida puede ser un objetivo a conseguir a largo plazo, pero requiere una ciudadanía despierta políticamente y activa. Creo que el Partido de Internet tiene que seguir existendo como entidad propia, como herramienta para defender el ideal democrático de la democracia líquida. Pero los demócratas, en general, tienemos que estar al servicio del presente. Debemos intercambiar ideas con otras formaciones políticas, incluso unirnos para aupar a toda la ciudadanía a un segundo escalón: que tenga ganas de participar, que se acabe con la brecha entre representantes y representados.

Digo "segundo escalón", porque el primer paso ya está dado: la gente ya sabe que hay otras opciones más allá del bipartidismo. Pero no basta con votar una vez cada cuatro años, cada vez será más difícil que los ciudadanos confiemos en alternativas que se planteen en términos de únicamente democracia representativa. Es imprescindible que los partidos políticos cedan parte de su poder en favor de la ciudadanía para que decidamos directamente sobre temas importantes. Para conseguir eso debemos recordarle a ese ciudadano que no se mete en política que nadie le va a regalar nada, que el derecho a participar se conquista participando; y debemos recordarle a ese político o a ese activista que quiere que la gente participe, que para participar la gente necesita evidencias de que participar vale para algo. Necesitamos que los políticos "que salen de la propia ciudadanía" sean un ejemplo de demócratas, y no se conviertan en "más casta". No basta con pequeños gestos, tienen que ceder buena parte de su poder decisorio a la gente, ¿cuánto? Respuesta rápida: el ciudadano medio lo tiene que percibir, tiene que sentirse escuchado.

Exijamos a los políticos que pongan de su parte todo lo que humanamente puedan, empezando por abrir la puerta de su despacho a los ciudadanos, y demostrarles con hechos que son partícipes de sus decisiones. Con escucha activa y con las consultas ciudadanas y referendos que hagan falta. Pidámosle al ciudadano que contacte con sus representantes más directos -hoy en día es muy fácil contactar a través de Twitter- y que tomen la determinación de no votar a los políticos que no le escuchen.

A estas alturas, deberíamos tener bastante claro que necesitamos hacer pedagogía democrática entre todos para que la ciudadanía acabe demostrándose a sí misma que su voz cuenta. La cuestión es ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Desde abajo, hacia arriba. Desde las grandes decisiones de los ayuntamientos a la más alta política de Estado. Y una buena propuesta al respecto es crear conciencia alrededor de la deuda pública. Una sociedad democrática y consciente del retroceso que supone el sobreendeudamiento debe asumir la responsabilidad de opinar directamente sobre su propia deuda. Decidir mediante democracia directa si un ayuntamiento debe endeudarse más o no supone un primer paso para que la gente se interese por los presupuestos municipales y quiera exigir transparencia al respecto. Considero que esta propuesta es de mínimos, irrenunciable, imprescincible para que la ciudadanía empiece a ser dueña de su propio futuro.