Formada por 99 personas seleccionadas al azar, la Asamblea Ciudadana Irlandesa lleva funcionando de manera oficial y bajo su actual formato desde 2016. En particular, el objetivo para el cual se constituyó en 2017 fue explorar soluciones de consenso en torno al debate del aborto, una cuestión en la que se consideró que los partidos políticos, por su propia naturaleza competitiva, estaban menos capacitados que la propia ciudadanía para aportar tal solución de consenso.
Esta experiencia irlandesa fue todo un éxito: la ciudadanía logró superar el debate, aportando una solución tras meses de deliberación, de consulta a expertos, de escucha activa entre los participantes. Al final del proceso, la gran mayoría de la Asamblea votó a favor de la reforma de la octava enmienda de la Constitución irlandesa; recomendación que poco después sería ratificada en referéndum, logrando en ambos casos un amplio apoyo, con resultados muy parecidos (superiores al 60% en ambos casos).
La pregunta que cabe hacerse sería: ¿es posible aplicar una solución parecida a la crisis territorial que existe en Cataluña (y con el resto de España)? Seamos honestos y empecemos respondiendo sinceramente a esta otra: ¿de verdad podemos confiar en que los actuales partidos políticos tengan la capacidad de afrontar tal tarea?
ERC y Junts per Cat necesitan instrumentalizar el deseo de independencia de parte de la sociedad catalana para sus propios fines: su carrera por la hegemonía en el independentismo les podría dificultar ser parte de la solución. Tienen incentivos para mostrarse ante sus respectivos electorados el uno más duro con el estado que el otro, tacticismo que se recrudece cuando “se temen” elecciones.
Por su parte, C’s, PP y Vox, llevan tiempo compitiendo por mostrarse ante el electorado como aquel que habla más alto que los demás de la unidad de España, como aquel que no está dispuesto a ceder ante el independentismo (algo también tacticista: el PP de 1996 pactaba con naturalidad con CiU una cesión de competencias en educación a Cataluña con tal de lograr el poder… un PP en el que, por cierto, Abascal militaría hasta 2013).
Por otro lado, a PSOE y a Unidas Podemos les suele perjudicar electoralmente que “el tema catalán” forme parte de la agenda política, con lo que es difícil que el anunciado gobierno PSOE-Podemos tenga una capacidad real para poner sobre la mesa alguna solución con recorrido: cualquier propuesta de solución al conflicto será denostada por las formaciones que se encuentran en cada uno de los dos polos.
Así que no nos engañemos: los partidos políticos difícilmente podrán proponer podrán proponer solución alguna “para todos”. Por su propia naturaleza tienden al electoralismo, a proponer soluciones “de parte”, a lanzar ideas que creen que van a hacer crecer su porcentaje de voto en las siguientes elecciones (que nadie sabe cuándo serán).
¿Qué nos queda entonces? ¿De verdad la deliberación ciudadana mediante asambleas formadas al azar es una solución? Bien es cierto que la complejidad de “la cuestión catalana” es mucho más grande que la cuestión del aborto debatida en Irlanda, con lo que es probable que para llevar a cabo la idea que Carmena hace suya, quizá haga falta algo más que un solo grupo de 99 personas. Quizá haga falta celebrar decenas de asambleas en las distintas provincias de España, mucha paciencia y empatía… quizá haga falta que la experiencia se reproduzca durante varios años hasta que la voz de la ciudadanía sobresalga por encima de las confrontaciones partidistas. Y quizá no se consiga a la primera, pero es la única posibilidad de que un conflicto político de estas características no acabe de la peor manera: con vencedores y vencidos. Sacar a los políticos de la ecuación.
Tales asambleas deberán disponer de facilitadores profesionales y sus participantes deberán poder pedir la comparecencia de los expertos que requieran. El objetivo debería ser la generación de una serie de objetivos comunes, de propuestas de cambios legislativos que contaran tanto con el apoyo de, al menos, el 60% de la población española y, al mismo tiempo, el 60% de la población catalana (y cuanto más mejor en ambos casos). Si tales experiencias se llevaran a cabo, nos sorprenderíamos observando cómo la gente corriente (que no tiene interés alguno en que los problemas políticos se perpetúen) se pone de acuerdo mucho más rápido y más eficazmente que los partidos políticos.
Para que tal cosa funcione tiene que ocurrir algo parecido a lo ocurrido en Irlanda: para que la Asamblea Ciudadana tenga la máxima legitimidad, ha de ser una iniciativa oficial, el gobierno se lo tiene que creer. Más País tiene una buena oportunidad para recoger el guante lanzado por una de sus principales referentes y llevar la cuestión a debate en el Congreso de los Diputados: el primer paso es que se hable de ello. Que los medios recojan la idea y trasladársela al resto de partidos.
Tras un resultado electoral algo deslucido y tras la evidencia de que los tres diputados logrados no son necesarios para mediar entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a fin de que estos pacten (parece que ya lo están haciendo sin intermediación de un tercer actor), impulsar una solución para Cataluña de estas características, desde la radicalidad democrática (contando con toda España) sería un bonito y útil papel a jugar por Errejón y los suyos durante esta legislatura. Lo mejor de todo es que para empezar a trabajar no hace falta empezar de cero, ni que se vayan demasiado lejos: algo de experiencia ya tienen al respecto con el Observatorio de la Ciudad de Madrid, el órgano que reformó Ahora Madrid en la anterior legislatura para que 49 madrileños seleccionados al azar deliberaran acerca de propuestas para la ciudad.
Texto revisado por la asociación DEMOKRATIA
