Las empresas tienen que pagar a hacienda las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores. Hay que redistribuir el pago de esas cotizaciones de manera que así se consiga equilibrar un poco mejor el mercado laboral. Una de las medidas que deberían ir en cabeza habrá de ser desincentivar la contratación a personas que cuenten ya con un sueldo fijo, y al mismo tiempo incentivar la contratación de personas sin empleo. Casos de estos hay por doquier, y sí, quizá los casos más llamativos, los que más nos llaman la atención, son los de los políticos que acaban su mandato, y son contratados por la empresa privada, mientras siguen cobrando la pensión. Hay casos mucho más cotidianos, y quizá también haya que desincentivarlos, pero, ante todo quiero poner el acento en las rentas altas.
Propondré en Innovacción Colectiva que a un empresario le salga sustancialmente más caro contratar a una persona que ya tiene un salario fijo que a una persona sin trabajo. Digamos que si a esa empresa tanto le interesan los servicios de esa persona, ya se encargará de incentivarle suficientemente con un sueldo atractivo y un contrato adecuado, para que a ese trabajador le interese renunciar a su otro empleo... dejando así el puesto a otro en aquél.
Habrá que tener cuidado con los casos en los que haya cargas familiares, hipotecas, y demás supuestos delicados. Supongamos que esos supuestos no se dan. Pensamos que si un empresario tiene una tienda de la cual se encarga por la mañana y su cónyuge, empleada pública de ocho a dos, trabaja por la tarde en la tienda de su marido, éste debería tener que pagar más caras las cotizaciones sociales de su esposa. Repetimos el argumento, si tan interesante es para la tienda, y, por tanto, para esa economía familiar sin cargos, quizá debería plantearse renunciar a su puesto de funcionaria y trabajar una jornada completa en la tienda. Porque les va bien, porque les compensa. Así deja vacante su puesto de funcionaria.
Aún así, es posible que a esta familia le interese conservar el empleo público, y que siga siendo ella la que ocupa el puesto en la tienda en lugar de contratar a una tercera persona. En ese caso, me parece justo que tengan que pagar un poco más a hacienda. ¿Cuánto? Es difícil decirlo, pero quiero, de nuevo, insistir en que no se pretende perseguir el pluriempleo a todos los niveles, porque para muchas economías familiares es su única manera de llegar fin de mes. La propuesta solo tiene sentido a partir de cierto nivel de renta.
Martín Alonso Orgaz. Carabanchel, Madrid 1987. Matemático. Ciudadano 15M, democracia, internacionalismo. Cantautor a ratos.
lunes, enero 21, 2013
viernes, enero 04, 2013
Penalicemos la obsolescencia programada
El progreso de nuestra sociedad está basado en el crecimiento económico, y, por tanto, en el consumo. Es así, y de nada sirve enrocarse en posiciones anticapitalistas ignorando que el trabajador necesita de las empresas. Pero claro, éstas, casi siempre y sobre todo las grandes, pagan un alto precio por aumentar sus beneficios a toda costa. La explotación infantil y el deterioro del medio ambiente (allá lejos, quizá) son solo dos ejemplos... que a poco que el lector tenga un poco de conciencia solidaria y ecológica, no serán "sólo dos ejemplos": estos argumentos ya tendrían que ser más que suficientes para querer legislar en el sentido de contribuir a cambiar la situación y hacer que tales beneficios reviertan en el bien común.
Pero bueno, pongámonos una venda en los ojos y mirémonos el ombligo. Podemos incluso hablar sólo de "nuestra" crisis... de nuestra deuda. Si analizamos el consumismo y la obsolescencia programada desde un punto de vista local, olvidando que Agbogbloshie es el vertedero del primer mundo y todo eso, nos podríamos aún así preguntar: ¿podremos aprovecharnos infinitamente del orden mundial establecido para, de manera egoísta, crecer económicamente como comunidad, como país? Y, en caso de que podamos hacerlo, ¿ese provecho logrará sacarnos de la crisis? Bueno, la tecnología, la perversa "innovación empresarial" y el fomento del consumo crean puestos de trabajo, ¡claro! O al menos mientras haya nuevos productos que vender... bueno... y no siempre, ¿y si mañana inventan un nuevo sistema para aligerar cierto proceso de producción? Provocará que algunos puestos de trabajo se vuelvan innecesarios. Más despidos. Como siempre.
La innovación empresarial "perversa" a la que quiero referirme, es aquella en la que se utiliza el ingenio persiguiendo que los productos duren menos para hacerlos así rentables. La obsolescencia programada, tan vieja como la propia industria, es, ante todo, un negocio redondo para las empresas que la utilizan... algo que, en principio será bueno también para las personas que trabajan en ella (aunque no se refleje proporcionalmente en los salarios). Y ya. Ya no hay más gente que se beneficie de esto: el consumidor podría beneficiarse de una competencia que quisiera luchar contra estas prácticas... pero en muchos sectores la oligarquía empresarial se pone de acuerdo para fijar los márgenes de vida útil de los productos. Y, si no hay competencia, y por tanto, el resultado es que la obsolescencia programada reina: no se avanza en la innovación real, el ser humano, por decirlo de alguna manera, "no progresa".
Volviendo al tema del bolsillo del consumidor, creo que la gente no es tonta y en realidad nos dejamos engañar. Simplemente nos consideramos merecedores de un "producto de última generación" como premio a "eslomarnos" en un trabajo que no deseamos hacer. No culpo a nadie, pero, ¿es esto bueno para el bien común? ¿A quién beneficia realmente esto? Y lo que es más importante, si la obsolescencia programada, por casualidad, NO fuera buena para el bien común, ¿qué podemos hacer para aprovecharnos de ella sin provocar un mayor caos en el mercado laboral? ¿Qué hacer en favor del bien común?
Pongamos el acento en el empleo. Pongamos en valor que el empleo es el único "bien" que podría aportar la obsolescencia programada: se da trabajo a los grupos de personas que fabrican las nuevas bombillas, los nuevos televisores, las nuevas impresoras, los nuevos smartphones, los nuevos automóviles, las nuevas casas (bueno sí, antes de que la burbuja estallara). Y no debemos despreciar esto. Pero entonces, si no debemos despreciarlo, ¿es que es necesario inventarse puestos de trabajo y, a partir de ahí, vender nuevas necesidades hasta el infinito para mantener puestos de trabajo y, por tanto, el Estado de bienestar? Ni mucho menos. Parece contraproducente para el empleo (y para el bienestar) penalizar la obsolescencia programada. Pero no lo es. Expliquemos porqué.
Pero bueno, pongámonos una venda en los ojos y mirémonos el ombligo. Podemos incluso hablar sólo de "nuestra" crisis... de nuestra deuda. Si analizamos el consumismo y la obsolescencia programada desde un punto de vista local, olvidando que Agbogbloshie es el vertedero del primer mundo y todo eso, nos podríamos aún así preguntar: ¿podremos aprovecharnos infinitamente del orden mundial establecido para, de manera egoísta, crecer económicamente como comunidad, como país? Y, en caso de que podamos hacerlo, ¿ese provecho logrará sacarnos de la crisis? Bueno, la tecnología, la perversa "innovación empresarial" y el fomento del consumo crean puestos de trabajo, ¡claro! O al menos mientras haya nuevos productos que vender... bueno... y no siempre, ¿y si mañana inventan un nuevo sistema para aligerar cierto proceso de producción? Provocará que algunos puestos de trabajo se vuelvan innecesarios. Más despidos. Como siempre.
La innovación empresarial "perversa" a la que quiero referirme, es aquella en la que se utiliza el ingenio persiguiendo que los productos duren menos para hacerlos así rentables. La obsolescencia programada, tan vieja como la propia industria, es, ante todo, un negocio redondo para las empresas que la utilizan... algo que, en principio será bueno también para las personas que trabajan en ella (aunque no se refleje proporcionalmente en los salarios). Y ya. Ya no hay más gente que se beneficie de esto: el consumidor podría beneficiarse de una competencia que quisiera luchar contra estas prácticas... pero en muchos sectores la oligarquía empresarial se pone de acuerdo para fijar los márgenes de vida útil de los productos. Y, si no hay competencia, y por tanto, el resultado es que la obsolescencia programada reina: no se avanza en la innovación real, el ser humano, por decirlo de alguna manera, "no progresa".
Volviendo al tema del bolsillo del consumidor, creo que la gente no es tonta y en realidad nos dejamos engañar. Simplemente nos consideramos merecedores de un "producto de última generación" como premio a "eslomarnos" en un trabajo que no deseamos hacer. No culpo a nadie, pero, ¿es esto bueno para el bien común? ¿A quién beneficia realmente esto? Y lo que es más importante, si la obsolescencia programada, por casualidad, NO fuera buena para el bien común, ¿qué podemos hacer para aprovecharnos de ella sin provocar un mayor caos en el mercado laboral? ¿Qué hacer en favor del bien común?
Pongamos el acento en el empleo. Pongamos en valor que el empleo es el único "bien" que podría aportar la obsolescencia programada: se da trabajo a los grupos de personas que fabrican las nuevas bombillas, los nuevos televisores, las nuevas impresoras, los nuevos smartphones, los nuevos automóviles, las nuevas casas (bueno sí, antes de que la burbuja estallara). Y no debemos despreciar esto. Pero entonces, si no debemos despreciarlo, ¿es que es necesario inventarse puestos de trabajo y, a partir de ahí, vender nuevas necesidades hasta el infinito para mantener puestos de trabajo y, por tanto, el Estado de bienestar? Ni mucho menos. Parece contraproducente para el empleo (y para el bienestar) penalizar la obsolescencia programada. Pero no lo es. Expliquemos porqué.
Para empezar, si al penalizarla, aunque sea tímidamente, se provocara un aumento del desempleo, podrían ponerse en práctica políticas activas de empleo con el objetivo de reconvertir tales puestos de trabajo "de producción" en puestos de trabajo "de reparación". Porque, claro, si los productos nuevos (que no innovadores) fueran más caros, la gente se preocuparía más de llevar a arreglar tales objetos cuando estos se rompan, antes de comprarse otros nuevos. Y dado que las empresas de reparaciones son en su gran mayoría PYMES, se conseguiría reactivar este modelo de economía, que es, por cierto, el más importante en España.
Una propuesta de penalización para la obsolescencia programada, podría ser aumentar el IVA, por ejemplo, a un 24%, para este tipo de productos durante los 12 primeros meses después de su lanzamiento y volver al tipo impositivo "normal" una vez transcurrido ese año. Después, observando cómo evoluciona el mercado y dejando que el sector se adapte, se podría, con el tiempo, aumentarse más aún tal porcentaje para ciertos productos que, aunque baratos, puedan considerarse un lujo.
Pongamos el ejemplo de los smartphones. Aceptemos que tener internet en el móvil es algo innovador y útil... vale, pero que cada mes salgan decenas de modelos nuevos de smartphones que ofertan pequeñas mejoras respecto a los anteriores... que son vendidas como mejoras revolucionarias, deja de ser "innovación" y el que pica el anzuelo debe reconocer que no compra por necesidad, sino "por capricho". Bajemos los impuestos de aquel producto "innovador y funcional" (quizá uno por cada marca comercial, para permitir la competencia) y subámoslos para al resto. De este modo se conseguirá una de dos cosas: o bien el que quiso comprarse "el capricho" decide aguantar con su anterior modelo de smartphone "un poco más", esperando un año a que "su capricho" deje de ser considerado "producto nuevo" (lo cual, de paso, es bueno para el medio ambiente porque aumenta en un año la vida útil de producto, si no se rompe antes)... o bien se lo compra.
O bien se lo compra, aportando así un poco más al Estado. Y lo que se gana con esos impuestos pasará a los Presupuestos Generales dando más recursos para, por ejemplo, pagar parte de nuestra "querida deuda". Pero, no, no, es que también se podrán incrementar las partidas destinadas a políticas de empleo (fijémonos qué hicieron otros países para la reconversión laboral); a investigación, desarrollo e innovación en Universidades contribuyendo a un progreso real de la sociedad; a política medioambiental (para tratar adecuadamente los residuos que la obsolescencia programada provoca) y a, sin duda, lo más importante: a cooperación para el desarrollo.
Una propuesta de penalización para la obsolescencia programada, podría ser aumentar el IVA, por ejemplo, a un 24%, para este tipo de productos durante los 12 primeros meses después de su lanzamiento y volver al tipo impositivo "normal" una vez transcurrido ese año. Después, observando cómo evoluciona el mercado y dejando que el sector se adapte, se podría, con el tiempo, aumentarse más aún tal porcentaje para ciertos productos que, aunque baratos, puedan considerarse un lujo.
Pongamos el ejemplo de los smartphones. Aceptemos que tener internet en el móvil es algo innovador y útil... vale, pero que cada mes salgan decenas de modelos nuevos de smartphones que ofertan pequeñas mejoras respecto a los anteriores... que son vendidas como mejoras revolucionarias, deja de ser "innovación" y el que pica el anzuelo debe reconocer que no compra por necesidad, sino "por capricho". Bajemos los impuestos de aquel producto "innovador y funcional" (quizá uno por cada marca comercial, para permitir la competencia) y subámoslos para al resto. De este modo se conseguirá una de dos cosas: o bien el que quiso comprarse "el capricho" decide aguantar con su anterior modelo de smartphone "un poco más", esperando un año a que "su capricho" deje de ser considerado "producto nuevo" (lo cual, de paso, es bueno para el medio ambiente porque aumenta en un año la vida útil de producto, si no se rompe antes)... o bien se lo compra.
O bien se lo compra, aportando así un poco más al Estado. Y lo que se gana con esos impuestos pasará a los Presupuestos Generales dando más recursos para, por ejemplo, pagar parte de nuestra "querida deuda". Pero, no, no, es que también se podrán incrementar las partidas destinadas a políticas de empleo (fijémonos qué hicieron otros países para la reconversión laboral); a investigación, desarrollo e innovación en Universidades contribuyendo a un progreso real de la sociedad; a política medioambiental (para tratar adecuadamente los residuos que la obsolescencia programada provoca) y a, sin duda, lo más importante: a cooperación para el desarrollo.
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